De casi todos los orensanos es sabido que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana , en trámite desde 2012, está actualmente pendiente de aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento. Aunque las disputas entre partidos a cuenta de las torres de Copasa o la Plaza de San Antonio, impiden por ahora esa aprobación, no sería la primera vez que los principios ceden ante el interés político.
Sin embargo, ningún acuerdo, por mayoritario que sea, puede salvar ya el nuevo Plan General, que podría llegar a nacer con una tara de tal gravedad que moriría anulado por los Tribunales en menos de tres años.
La pandemia de Coronavirus que asola el mundo ha situado la economía española en niveles similares a la posguerra civil. El segundo trimestre del año el PIB se ha desplomado un 18’5%, el más acusado en tiempos de paz, según datos del INE. Acumulado este descenso al resultado desastroso del primer trimestre, España entra en franca recesión. La caída en la producción, la contracción de la inversión y del consumo privado, son efectos de la disminución drástica de la actividad, del cierre temporal o definitivo de empresas y negocios, y del incremento exponencial del desempleo , que si a finales de año alcanzará la tasa del 19%, según la optimista previsión del Gobierno, llegaría al 34% de no ser por los ERTES, instrumentos que tienen asegurada su caducidad a fin de año.
Las Administraciones Públicas sufrirán las consecuencias durante los próximos años, especialmente en el descenso de ingresos por vía de impuestos y tasas, y en el aumento del gasto social.
Pues bien, en este escenario el nuevo Plan General de Ordenación, elaborado con previsiones económicas fundadas en datos de 2015, es una pura quimera. Como todo Plan General, contempla actuaciones públicas y privadas de desarrollo urbano que han de ser financiadas por las Administraciones y la iniciativa empresarial.
El estudio económico financiero, así como la memoria de sostenibilidad , son completamente irreales, una entelequia inviable .Según este documento la inversión total a cargo del Ayuntamiento será de cincuenta millones de euros en quince años, a lo que hay que añadir el importe comprometido por la Diputación, Xunta de Galicia y Estado, con cargo a sus respectivos presupuestos.
De nada sirve la aprobación de los Presupuestos municipales para 2020, adoptada por el Pleno en plena pandemia, porque se asientan en datos y previsiones de 2019 y no recogen siquiera una estimación de sus devastadores efectos. Ante todo, porque el techo de gasto se ha calculado sobre la base una previsión de incremento del PIB de un 2’80% para 2020, pero también porque, dicho sea por mencionar solamente unos pocos datos, prevé nada menos que un alza de un 37’13% en la recaudación de impuestos indirectos, o de un 41,67% en el impuesto municipal de obras, estimaciones inasumibles en el contexto de la acusada recesión..
Por si ello no bastara, la reciente decisión de la FEGAMP ampara la pretensión del Gobierno de apropiarse del ahorro de los Ayuntamientos, unos 15.000 millones de euros en remanentes de tesorería que les serán devueltos en cómodos plazos de 12 años, esfumando así toda posibilidad de inversión con cargo a estos fondos acumulados a lo largo de los seis últimos años de completa paralización de la gestión municipal.
¿De qué sirve aprobar un Plan General que no es realizable? Más allá de beneficiar a unos cuantos propietarios a los que se reconoce una edificabilidad muy superior a la media, sencillamente para nada.
Si queremos que Plan General sirva a sus objetivos de dinamizar y ordenar la ciudad, resulta imprescindible su reelaboración parcial, adaptándolo a la nueva situación económica y social, sobre la base de un nuevo estudio económico financiero serio, objetivo y fiel a la realidad que vivimos.
De aprobarse definitivamente con su actual contenido, podemos asegurar que será recurrido con éxito, y entonces Ourense alcanzará el clímax de su caos urbanístico.
Antonio Feijóo Miranda
Abogado